La invisibilidad del Gasto Social

Durante los dos primeros gobiernos de la concertación (es decir, desde 1990 al 2000), el gasto social en Chile ha variado del 67% del Gasto Fiscal Total (GTF) en 1991 ?que equivalía al 13,1% del PIB de aquel año- a un 70,5% en el 2000, lo que significó un 16,6% del Producto Interno Bruto del primer año del gobierno Ricardo Lagos. Todo esto equivale, en cifras monetarias, a un aumento del 88% en el gasto social. Al mismo tiempo, la inversión pública en educación subió un 5% de acuerdo al GFT desde la gestión de Aylwin, y para el 2000 fueron $1.512 millones. Y justo hace unos días, el martes 22 de agosto, la actual Presidenta de la República, Michelle Bachelet, anunció que ?durante el próximo año dos de cada tres pesos del gasto fiscal irán destinados a solventar programas referidos a salud y educación?. Todo muy lindo se asoma, pero al parecer no es sólo gastar.

Si bien está la disposición y el empeño en mejorar la infraestructura social, las condiciones, que nunca han sido las mejores, en salud y educación, siguen estando malas en el ámbito público. Todo mientras lo privado se dispara, con mucha capacidad y calidad, pero con altos precios que sólo aumentan la ya inmensa brecha entre ricos y pobres. Entonces se genera la contradicción, porque mientras la prensa y el extranjero se cansan de consolidar a Chile como el primor de Latinoamérica, con todos esos índices de crecimiento y prosperidad, de estabilidad y buenaventura, de lealtad y apertura, de seguridad y consumismo; todos esos atributos conviven, increíblemente, con altos índices de ignorancia, de fallas educacionales severas y centrales, de sistemas de salud aún deficientes y colapsados, que sólo invitan a, como viene siendo la tónica, preferir lo privado y, si no tenemos los recursos, endeudarnos de por vida para hacerlo.
Y es difícil ver dónde está la plata. No se trata de creer que la están robando, pero las estadísticas dan números que cuestan ser interpretados en la realidad. Quizás tiene que ver con la continuidad, tan celebrada, que le ha dado al Concertación a las políticas de la dictadura: la privatización genera competencia; la competencia mejora la calidad. Esto, en las políticas públicas, no es tan factible al parecer, y sólo vemos desigualdad y mala calidad como frutos de esas decisiones ochenteras.